La Fiscalía General de la República (FGR) rechazó este 28 de julio que la causa penal contra el exgobernador de Baja California Ernesto Ruffo Appel responda a una persecución política y sostuvo que la indagatoria por huachicol ferroviario se sustenta en 96 datos de prueba recabados durante una investigación progresiva de largo aliento.
La investigación inició con el hallazgo de 33 ferrotanques abandonados en Ramos Arizpe, Coahuila, cuyo contenido desconocido representaba un riesgo para la población por las altas temperaturas, reportó La Jornada. El cruce de información entre la Agencia Nacional de Aduanas y el SAT amplió la pesquisa hacia San Luis Potosí y Nuevo Laredo, donde se detectaron tanques que declaraban apenas 10 por ciento de su contenido real. Según la FGR, Ruffo Appel ingresó en octubre de 2018 a la estructura societaria de la importadora Ingemar S.A. de C.V. y para 2021 ya figuraba como accionista y secretario del Consejo de Administración, con participación en la representación legal y la toma de decisiones estratégicas de la empresa.
Un juez federal vinculó a proceso a ocho personas, incluido Ruffo Appel, el 23 de julio por delincuencia organizada, contrabando y delitos en materia de hidrocarburos, cargos que por mandato constitucional ameritan prisión preventiva oficiosa. La audiencia se prolongó por más de 24 horas. El perjuicio fiscal confirmado asciende a más de 100 millones de pesos, correspondientes a 170 ferrotanques asegurados en julio de 2025, de acuerdo con Aristegui Noticias. La FGR indicó que en el primer semestre de 2025 se identificaron más de 4 mil operaciones presuntamente irregulares, cuyo daño patrimonial total deberá acreditarse en la investigación complementaria. Ruffo Appel, detenido el 16 de julio en Ensenada y recluido en el penal del Altiplano desde el 19 de julio, promovió un amparo en el que su defensa señala 17 presuntas irregularidades durante su captura, entre ellas incomunicación, omisión de atención médica y ausencia de sus datos en el Registro Nacional de Detenciones, según reportó Excélsior.
El recurso de amparo será analizado por un juzgado federal, que determinará si la actuación de las autoridades se apegó a derecho. La FGR subrayó que la investigación respeta el debido proceso y la presunción de inocencia, y que corresponderá al tribunal valorar las pruebas, no a los señalamientos públicos.
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