El 23 de julio de 2026, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México impusieron sanciones conjuntas contra 39 personas físicas y 16 empresas vinculadas a la red financiera del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en lo que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) calificó como la mayor acción de este tipo contra esa organización hasta la fecha.
La acción se ejecutó bajo dos órdenes ejecutivas: la 14059, contra la proliferación internacional de drogas ilícitas, y la 13224, dirigida a organizaciones designadas como terroristas. De acuerdo con El Universal, la OFAC ha realizado cerca de 30 acciones contra 250 personas y entidades vinculadas al crimen organizado trasnacional. Scott Bessent, secretario del Tesoro estadounidense, señaló que el CJNG es responsable de una proporción significativa del fentanilo que se trafica hacia Estados Unidos, droga que ha afectado a comunidades de ambos lados de la frontera.
La UIF mexicana sumó ocho sujetos adicionales a la Lista de Personas Bloqueadas (cuatro personas físicas y cuatro empresas) y presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República por la probable comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Entre los sancionados destaca Juan Carlos González, alias "El Pelón", identificado por las autoridades estadounidenses como el nuevo líder del CJNG tras la muerte de Rubén Oseguera Cervantes, "El Mencho". González tiene doble nacionalidad mexicana y estadounidense, y el Departamento de Estado ofrece una recompensa de hasta cinco millones de dólares por información que conduzca a su arresto o condena.
Según Proceso, la investigación identificó que el CJNG diversificó sus fuentes de ingreso más allá del narcotráfico, con operaciones de robo y contrabando de combustible, así como fraudes con esquemas de multipropiedad. En la acción participó el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que integra al FBI, la agencia de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y la DEA.
Las personas y empresas sancionadas quedan inhabilitadas para realizar transacciones en el sistema financiero estadounidense, y cualquier entidad en la que posean al menos el 50 por ciento de participación también queda bloqueada. La cooperación binacional continúa activa y se esperan nuevas designaciones en los próximos meses, conforme avancen las investigaciones conjuntas sobre las redes de lavado de dinero del crimen organizado trasnacional.
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