La consulta pública sobre los lineamientos de la Ley de Derechos de las Audiencias, promulgada en 2025, cierra este viernes 21 de agosto antes de que el texto llegue al Congreso. La discusión enfrenta una pregunta de fondo: cómo elevar la calidad de la información en radio y televisión sin dar más poder al Gobierno sobre los medios.
La norma propone que las estaciones de radio y televisión cuenten con un defensor de las audiencias y un código de ética, y exige diferenciar con claridad información, opinión y publicidad. Es una discusión con historia: el derecho de las audiencias entró a la Constitución en 2013, la ley que lo desarrolla se promulgó en 2014 y los lineamientos de 2016 no llegaron a aplicarse, lo que dejó una década sin reglas operativas para el público. Esa brecha se refleja en los registros del regulador: según cifras que recupera Gabriel Sosa Plata en El Sol de México, entre 2014 y 2023 solo se iniciaron 10 procedimientos administrativos contra las grandes televisoras, ninguno con multa, frente a los mil 349 expedientes abiertos entre 2002 y 2013. El tema también importa a la comunidad mexicana en Estados Unidos y Canadá, que sigue las noticias de México por esos mismos medios.
Según El País, la discusión divide a los especialistas. Para Adriana Solórzano, de la UNAM, las defensorías forman parte de la libertad de expresión, pero advierte sobre la nueva Comisión Reguladora de Telecomunicaciones: "Se gana en eficacia, pero se pierde la distancia prudente con el poder en turno". Adriana Reynaga, de la asociación Amedi, ve en la propuesta espacios de acción más claros que en los lineamientos de 2016 y sostiene que una autoridad sin capacidad de sanción no resuelve el problema. El experto en desinformación Luis Hurtado pide transparentar las decisiones de la Comisión, y la organización Artículo 19 llama a reglas claras, sanciones acotadas y un espacio de diálogo previo a la sanción. De fondo, la autonomía del nuevo organismo, que depende del Ejecutivo, es la inquietud que más se repite entre los especialistas consultados por El País.
El siguiente paso será el Congreso, donde se discutirá el texto en el periodo ordinario. Con elecciones intermedias en 2027 y 7 de cada 10 mexicanos informándose por medios digitales, los expertos señalan ese terreno como la gran cuenta pendiente: definir cómo se regula sin censura previa será la prueba de la nueva ley.
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