Un juez de control vinculó a proceso al exgobernador de Guerrero Ángel Heladio Aguirre Rivero por su presunta participación en la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, informó la madrugada del miércoles 12 de agosto la Fiscalía General de la República (FGR). La autoridad judicial ratificó la prisión preventiva oficiosa, por lo que Aguirre permanecerá en el penal federal del Altiplano.

El caso se remonta a la noche del 26 de septiembre de 2014, cuando 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos desaparecieron en Iguala, Guerrero. Aguirre, gobernador de la entidad entre 2011 y 2014, fue detenido el pasado 6 de agosto en Tepotzotlán, Estado de México, dentro de las nuevas diligencias de la FGR, según El Universal. La acusación apunta al presunto ocultamiento de información y a la posible destrucción de grabaciones de las cámaras de seguridad del Palacio de Justicia de Iguala, que, según la investigación, captaron el momento en que policías municipales y estatales detuvieron uno de los autobuses en los que viajaban los normalistas. Doce años después, la vinculación de un exgobernador representa un avance judicial en un expediente que ha resultado difícil de judicializar.

De acuerdo con Aristegui Noticias, la audiencia se prolongó por más de 15 horas y en ella la defensa presentó 31 datos de prueba para intentar desacreditar la acusación. El juez de control, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal del Altiplano, otorgó un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria. Entre los testigos comparecieron dos exfuncionarios de la administración de Aguirre, quienes declararon que el exgobernador se encontraba en la Ciudad de México en la fecha de los hechos. El delito de desaparición de personas cometido por servidores públicos prevé penas de 40 a 60 años de prisión. A la diligencia asistieron 13 padres y madres de los 43 normalistas.

En cuatro meses, la Fiscalía deberá presentar los resultados de la investigación complementaria. Para las familias de los normalistas, la decisión del juez abre una nueva etapa en una causa que supera ya los once años.

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