La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ejerció el lunes 10 de agosto su facultad de atracción sobre los recursos que impugnan los cambios al plan urbano de Mahahual, Quintana Roo, ligados al megaproyecto Perfect Day México de Royal Caribbean. La Corte definirá si tres amparos de habitantes de la localidad debieron ser admitidos.
El caso nace de tres juicios de amparo promovidos por ciudadanos de Mahahual contra las modificaciones al Programa de Desarrollo Urbano que aprobó el municipio de Othón P. Blanco. Según El Financiero, el municipio amplió la altura máxima para construcciones de 14 a 63 metros y un juzgado federal desechó las demandas; la Corte ahora revisa si debieron ser admitidas. El análisis se centra en cómo esos cambios permitieron a la naviera presentar su proyecto ante la autoridad ambiental. Aunque el gobierno federal ha dicho que la empresa desistió, Royal Caribbean señaló en su llamada con inversionistas del segundo trimestre que aún considera el proyecto.
La abogada Irma del Carmen Morales, de la asociación civil Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS), explicó que la Corte analizará si las tres demandas firmadas por personas de Mahahual, que un juzgado federal desechó, debieron ser admitidas. El caso llega por los recursos de queja 76/2026, 112/2026 y 113/2026, derivados de los amparos 57/2026, 129/2026 y 134/2026. De acuerdo con Expansión Política, la Corte también podrá pronunciarse sobre el interés legítimo de las comunidades para impugnar decisiones de planeación urbana, los plazos del amparo en materia ambiental y la aplicación de principios como el precautorio y el in dubio pro natura. Si los amparos avanzan, el siguiente paso será revisar la legalidad del cambio de uso de suelo; una decisión sobre plazos, dijo Morales, "serviría para muchos casos de luchas ambientales en el país".
La resolución que emita la Corte puede sentar criterios de alcance nacional sobre cómo las comunidades defienden su territorio ante cambios urbanos con impacto ambiental, apunta Expansión Política. El pronunciamiento fijará los plazos para litigios ambientales en todo el país y dará una razón concreta para volver a este caso.
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