La Secretaría de Relaciones Exteriores anunció el 10 de julio de 2026 que presentará denuncias penales en Estados Unidos por la muerte de 17 mexicanos vinculados a custodia u operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). El canciller Roberto Velasco informó que la Cancillería instruyó a la Fiscalía General de la República formalizar las denuncias por homicidio y violación de derechos humanos ante fiscalías estatales y el Departamento de Justicia estadounidense.
De acuerdo con información de Milenio, de los 17 fallecimientos documentados por la SRE, 14 ocurrieron bajo custodia del ICE y 3 durante operativos en territorio estadounidense. El caso más reciente es el de Lorenzo Salgado, migrante mexicano que murió el 7 de julio durante un operativo en Magnolia Park, Houston. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) señaló que Salgado ignoró las instrucciones de los agentes y que el disparo se produjo en defensa propia, versión que está bajo investigación interna. La decisión marca un cambio en la política de protección consular: por primera vez la SRE escala de las notas diplomáticas a la acción judicial directa ante tribunales estadounidenses.
Además de las denuncias penales, la SRE anunció que iniciará acciones civiles contra las empresas privadas que operan centros de detención migratoria, mediante cartas de cese y desistimiento. También solicitará a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos medidas cautelares para proteger a los mexicanos detenidos en centros del ICE y pedirá la intervención del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. El embajador de México en Washington, Roberto Lazzeri, gestionará reuniones inmediatas con autoridades estadounidenses y con el Congreso de ese país, mientras la Cancillería mantiene comunicación con los Departamentos de Estado y de Seguridad Nacional. Según La Jornada, la Cancillería ha presentado once notas diplomáticas exigiendo el esclarecimiento de los hechos antes de optar por esta vía.
La SRE calificó este frente como la prioridad inmediata de la Cancillería y dará seguimiento a los procesos legales, con apoyo económico, representación legal y gestión del traslado de cuerpos para las familias de las víctimas. El DHS mantiene abierta una investigación sobre el caso Salgado, mientras congresistas demócratas exigieron el 9 de julio la divulgación de las grabaciones de las cámaras corporales de los agentes que participaron en el operativo.
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