El PAN y el PRI presentaron por separado, en los primeros días del periodo de sesiones que inició el 1 de septiembre, iniciativas en la Cámara de Diputados para castigar a servidores públicos coludidos con el crimen organizado. La coincidencia legislativa pone en la mesa penas de hasta 140 años de prisión para los llamados narcopolíticos.

La propuesta panista, difundida por Infobae México, plantea penas de 80 a 140 años de prisión y multas de hasta 24 mil días. La priista, reportada por El Universal, propone sumar 40 años de prisión y seis años de salario de multa a funcionarios a los que se acrediten vínculos con el crimen organizado. Ambas llegan después de meses de anuncios: el dirigente del PAN, Jorge Romero Herrera, adelantó en junio la idea de una pena equivalente a cadena perpetua, y el coordinador Elías Lixa retomó la idea el 26 de agosto. Al presentar la suya, Lixa colocó en el centro los señalamientos de autoridades de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien ha rechazado las acusaciones. El combate a esas redes forma parte de la cooperación bilateral; la comunidad mexicana de ambos lados de la frontera sigue el tema.

La iniciativa priista, impulsada por el diputado Christian Mishel Castro Bello, adiciona las fracciones XVI y XVII al artículo 123 del Código Penal Federal para considerar traición a la patria que un servidor público incurra en delitos de delincuencia organizada vinculados con la salud, el contrabando de hidrocarburos, el secuestro o la extorsión, o que emplee recursos ilícitos para su actividad política; también alcanza a particulares que se beneficien de esas operaciones. La panista, presentada por el diputado José Manuel Hinojosa Pérez, busca que esos delitos no prescriban y reforma la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. "Que no pueda existir narcogobernante en libertad", resumió Lixa.

La iniciativa del PRI quedó en la Comisión de Justicia; la del PAN inicia su discusión legislativa. Si el pleno respalda alguna, el Código Penal Federal sumará reglas específicas contra funcionarios coludidos con el crimen organizado en la legislatura actual.

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