El gobierno federal envió a la Cámara de Diputados la iniciativa de Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos el 10 de septiembre de 2026, dentro del Paquete Económico 2027, con el objetivo de reducir la circulación de efectivo. El proyecto prevé que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público determine los sectores y actividades donde solo se aceptarán pagos digitales y electrónicos.
De acuerdo con El Financiero, la propuesta busca cerrar la brecha entre la infraestructura de pagos disponible y su uso efectivo, y reconoce a la CURP Digital como un mecanismo de confianza para acreditar identidad sin presencia física. La meta marco es la Política Nacional de Inclusión Financiera: que los pagos digitales alcancen el 50% del gasto del consumo privado en 2030. Hoy alrededor del 85% de los pagos se hacen en efectivo, por debajo del 95% de años previos. Para los pequeños comercios y las gasolineras, la transición define costos operativos y flujo de caja en el corto plazo.
Especialistas consultados por El CEO señalan que la medida puede elevar la trazabilidad en el mediano plazo, pero que el corto plazo exige inversión en terminales y conectividad. James Salazar, subdirector de análisis económico de Kapital, apuntó que el riesgo no está en lo digital en sí, sino en la transición, por los márgenes comprimidos de las gasolineras y el costo de comisión. Guillermo Guzmán, director de la academia de inversiones Trading Advisor, subrayó que el despliegue debe considerar la conectividad en zonas del sur del país. Arturo Luna, vicepresidente de pagos en FinTech México, sostuvo que la ley debe contribuir a la meta del 50%. La iniciativa también contempla el impulso de códigos QR y dispositivos NFC.
Tras la entrada en vigor del decreto, Hacienda tendrá 15 días hábiles para definir los sectores estratégicos y actividades obligadas. El calendario de esa transición y la cobertura digital disponible fuera de las grandes ciudades marcan el siguiente tramo de la discusión en el Congreso.
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