La Auditoría Superior de la Federación (ASF) documentó pagos en exceso, pagos extraordinarios sin justificación y fallas de supervisión en contratos federales otorgados a empresas de Corporativo Kosmos, el grupo de Jack Landsmanas, según una revisión de auditorías que publicó El Universal el 13 de noviembre de 2026. Los señalamientos abarcan las cuentas públicas de 2018 y 2019.
Desde diciembre de 2018, las firmas del corporativo acumularon al menos 25 mil 787 millones 791 mil 404 pesos en contratos con dependencias federales y gobiernos estatales, de acuerdo con el conteo de El Universal sobre la Plataforma Nacional de Transparencia y Compras MX. Los contratos cubren servicios de alimentación, comedores institucionales, adquisición de medicamentos y productos farmacéuticos, insumos que llegan a hospitales y centros de reclusión. El expediente muestra cómo la Cuenta Pública y los registros de compras permiten seguir el rastro de cada peso contratado y comparar precios entre dependencias. El 11 de noviembre, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que pidió a la secretaria Raquel Buenrostro revisar el caso: "Vi la nota y le pedí a la secretaria Buenrostro que pueda hacer la investigación y contestar a la nota", según la versión estenográfica de Presidencia.
En la Cuenta Pública 2018, la ASF detectó errores aritméticos en un contrato del DIF nacional con Productos Serel para comedor, laboratorio, fumigación y transporte, lo que derivó en un pago en exceso de 754 mil 482.74 pesos y en la falta de aplicación de penas convencionales. La auditoría reportó además que no se reunieron 82 formatos de supervisión de tres sedes y que los vehículos para trasladar perecederos superaban la antigüedad de ocho años permitida. En la Cuenta Pública 2019, la revisión ubicó contratos de hospedaje y alimentación de la entonces Policía Federal con Kol Tov, con un daño a la hacienda pública estimado en más de 11 millones de pesos, y una adjudicación directa a Productos Serel sin justificación documentada. La ASF recomendó investigar y sancionar a los servidores públicos que no calcularon las penalizaciones ni vigilaron la entrega de los servicios.
El siguiente paso es el informe que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno presente sobre los procedimientos de contratación, como lo planteó la Presidencia en la conferencia del 11 de noviembre. Las recomendaciones de la ASF quedan en manos de las áreas de control interno, que definen si el expediente pasa a sanciones administrativas o a denuncias.
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