Las comisiones de Comercio Internacional (INTA) y de Asuntos Exteriores (AFET) del Parlamento Europeo aprobaron el 23 de junio de 2026 el acuerdo modernizado entre la Unión Europea y México, con 67 votos a favor y 15 en contra, abriendo el camino a la votación plenaria prevista para julio en Estrasburgo.
El acuerdo actualiza el marco bilateral establecido hace 25 años entre la Unión Europea y México. Su relevancia para la relación comercial entre los dos bloques es inmediata: según el comunicado del Parlamento Europeo publicado el 22 de junio de 2026, el intercambio de bienes se ha cuadruplicado desde el acuerdo original del año 2000, y más de 11,000 empresas europeas operan hoy en territorio mexicano. El proceso contempla dos vías paralelas: el Acuerdo Comercial Interino (ACI), que solo requiere el voto del Parlamento Europeo, puede entrar en vigor sin necesidad de ratificación en los 27 parlamentos nacionales; el Acuerdo Global Modernizado (AGM) seguirá el proceso más largo, que incluye a los parlamentos de los estados miembro y al Senado de México.
Las cifras que acompañan al acuerdo dan dimensión al potencial de la negociación. Según Aristegui Noticias en su cobertura del 23 de junio de 2026, las exportaciones europeas al mercado mexicano pueden crecer hasta 75% en el escenario más optimista, y las empresas de la Unión Europea pueden ahorrar hasta 100 millones de euros anuales en derechos aduaneros. El acuerdo establece además protección para 568 indicaciones geográficas de productos agroalimentarios europeos en México, desde quesos hasta vinos; hoy, los aranceles mexicanos sobre productos como queso y carne de cerdo alcanzan hasta 45%. Más de 43,000 empresas europeas exportan actualmente a México, un mercado de 130 millones de consumidores con acceso preferencial al bloque norteamericano vía el T-MEC.
La votación plenaria está programada para julio de 2026 en Estrasburgo. Con el ACI sobre la mesa, el acuerdo comercial entre México y la Unión Europea puede entrar en vigor sin esperar la ratificación de los 27 parlamentos nacionales, lo que abre acceso preferencial a 450 millones de consumidores europeos antes de que termine el año.
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