La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) reportó que 2,406 empresas han sido sancionadas desde 2005 por presentar información falsa para adjudicarse contratos públicos. Las multas acumuladas ascienden a 2,182 millones de pesos, de acuerdo con información de El Universal publicada este 13 de julio.
En 2025, el primer año de operación de la SABG, encabezada por Raquel Buenrostro, la dependencia sancionó a 102 empresas, la cifra anual más alta desde 2018. El promedio histórico entre 2018 y 2024 fue de aproximadamente 80 empresas sancionadas por año, según el directorio de proveedores y contratistas sancionados. Las dependencias con más expedientes son el IMSS, con 475 casos y más de 230 millones de pesos en multas; la propia Secretaría Anticorrupción, con 320 expedientes y 172.9 millones; la Sedena, con 159 casos y 90.2 millones; y el ISSSTE, que concentra las sanciones económicas más cuantiosas: 1,246 millones de pesos contra 121 empresas, de acuerdo con El Porvenir.
Entre los casos documentados por la SABG destaca el de seis empresas que entre 2021 y 2022 simularon competencia para repartirse contratos de análisis clínicos y banco de sangre del ISSSTE. Cada una recibió una multa de 100.2 millones de pesos e inhabilitación por siete años, según la información del directorio. La dependencia también registró el caso de Obras y Proyectos de Infraestructura, que en junio de 2021 ganó una licitación de la Secretaría de Marina para construir una estación naval en Isla Socorro, Colima, cobró el anticipo y abandonó la obra: multa de 2.4 millones de pesos e inhabilitación por cinco años. En lo que va de 2026, la SABG ha sancionado a 37 empresas con multas por más de 21 millones de pesos.
Las empresas sancionadas quedan inscritas en el directorio de proveedores y contratistas inhabilitados, lo que les impide participar en nuevas licitaciones públicas durante el periodo de sanción. La SABG informó que mantendrá actualizaciones trimestrales del directorio a lo largo de 2026, como parte del esfuerzo institucional por transparentar las contrataciones públicas.
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